Dos nuevas empresas en la órbita ferroviaria

Página12, 29 febrero 2008

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SOCIEDAD OPERADORA

Por Cledis Candelaresi

La flamante ley de “reordenamiento” ferroviario consolida las facultades del Estado para administrar los millonarios recursos del área, dándole al ministro de Planificación potestades cuasi absolutas sobre la materia. También mantiene el status de las empresas privadas que hoy participan del negocio, y que seguirán haciéndolo, solas o de la mano de la Operadora Ferroviaria, una de las dos sociedades estatales que crea la norma.

Junto a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, esa sociedad estatal funcionará bajo la órbita de Julio De Vido. Esta administradora es la encargada del manejo de todos los bienes del área, incluidos los que están en manos de los adjudicatarios privados y deben volver en el futuro a la órbita pública tras el fin de la concesión. Pero también de aquellos otros que no están ligados a ninguna prestación y que formaron parte del nutrido imperio de Ferrocarriles Argentinos, inventario que abarca a los inmuebles de gran valor, a veces de localizaciones tan apetecibles como las de la zona capitalina de Retiro. La Operadora podrá asumir “por sí, por intermedio de terceros” o asociada a ellos la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros o de carga. Nuevos, concesionados o reestatizados.

Se trata de dos sociedades del Estado que, por este hecho, gozan de mucha autonomía, ya que se rigen por sus propios estatutos. Esto limita el alcance que tiene sobre ellas la Ley de Administración Financiera, uno de los más rígidos moldes legales para el manejo del dinero público. Del mismo modo que las contrataciones también quedan fuera del amparo de la Ley de Obras Públicas. Estas potestades de los funcionarios a designar –-nueva burocracia que reportará directamente a De Vido– funda las críticas de la oposición sobre la gran discrecionalidad que tendrá el ministro en esta materia. En rigor, algo más de lo que ya tiene.

A través del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, Planificación maneja una masa creciente de recursos para subvencionar a los privatizados trenes urbanos, cuyo desarrollo está íntegramente costeado con fondos públicos, que en parte administran los concesionarios privados. El Sisfer (Sistema Integrado de Transporte Ferroviario) es un fondo nutrido con un impuesto sobre el gasoil que crece año a año, junto a la recaudación de ese tributo: pasó de 1459 millones de pesos en 2006 a 1750 millones en 2008. A esto hay que sumarle el dinero que el Presupuesto Nacional asigna al ministerio para el renglón ferroviario y que, sólo a modo de ejemplo, prevé para este año un desembolso de 1200 millones para el Tren Bala a Rosario.

En cualquier caso, el Estado ya viene haciéndose cargo de las obras de infraestructura más importantes para el desarrollo de la red, aun en los servicios privatizados. En el caso de los de carga, las empresas invierten a su criterio y con sus recursos, obtenidos con tarifas libres pero en el equipamiento y no en la ampliación de la red.

En el caso de los trenes de pasajeros urbanos, lo hacen por cuenta y orden estatal, ya que los fondos públicos no son sólo para atender la infraestructura básica como las vías y los paso a nivel sino también para el equipamiento y hasta para cubrir el eventual déficit operativo.

Pero desde que se declaró la Emergencia Ferroviaria, en 2002, Planificación ganó terreno a los privados asumiendo directamente como propias algunas obras que los adjudicatarios relegaron tras la declaración de la Emergencia Ferroviaria. Es más. Finalmente, la demorada renegociación de estos contratos se encaró sobre el principio de que el Estado ejecutaría por sí mismo muchas de esas obligaciones que eran atendidas por las empresas privadas como gerenciadoras.

Es cierto que el ministro fuerte del gabinete también tendrá un rol preeminente a la hora de definir la suerte de estas privatizaciones, como quedó consignado en el artículo 14 de la ley sancionada ayer. De Vido podrá “proponer” cualquier cambio sobre esos contratos, estén o no negociándose. El verbo es un eufemismo. Cualquie eventual propuesta será elevada al ministerio a su cargo, en última instancia, a sí mismo.

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